Ahora se observan avances positivos en el camino hacia la condena de los responsables de crímenes de guerra. Los organismos judiciales internacionales están tomando decisiones sobre casos que fueron presentados por el gobierno ucraniano y por particulares hace varios años. Al mismo tiempo, Ucrania no debe depender únicamente de los organismos internacionales para llevar a los oficiales rusos ante la justicia, sino que debe modificar su propia legislación.
Así lo afirmó Roman Martynovskyi, destacado experto del Centro Regional de Derechos Humanos, miembro de la Coalición "Ucrania. Cinco de la mañana".
"A día de hoy, la CPI ya ha emitido 6 órdenes de detención contra altos cargos rusos, lo que es un indicador positivo. Y las decisiones tomadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el TEDH demuestran que nuestras organizaciones de derechos humanos y el gobierno fueron convincentes, y estos argumentos fueron aceptados casi en su totalidad", comentó el experto.
También señaló que, en el futuro, los procesos de derechos humanos podrían acelerarse y simplificarse considerablemente. Las víctimas podrán acudir inmediatamente al TEDH o al Comité de Derechos Humanos de la ONU, en lugar de recorrer un largo e ineficaz camino a través del sistema judicial ruso.
Roman Martynovskyi aconsejó a todos aquellos que sufrieron las acciones ilegales de los ocupantes antes del 16 de septiembre de 2022 que recurrieran al TEDH y recibieran una decisión judicial: "Por supuesto, no se ejecutarán en un futuro próximo, pero en el futuro esto puede dar derecho a la víctima a ser incluida en el registro de víctimas y contar con cierta compensación."
En cuanto a la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por los ocupantes, incluidos los de los comandantes y superiores civiles, Ucrania se enfrenta actualmente al reto de que la legislación nacional no se ha adaptado al derecho internacional.
"Cuando hablamos de criminales que cometen un delito por orden directa de un comandante, se trata de una forma de complicidad. En este caso, no es un problema llevar al comandante ante la justicia. Pero en ausencia de pruebas de una orden directa, cuando el delito se ha cometido y la práctica está extendida, no hay una posición clara en la legislación nacional. Y cuanto antes eliminemos este obstáculo, antes comenzaremos el proceso de llevar a todos los ejecutivos y directivos ante la justicia", afirmó el activista de derechos humanos.
05.07.2024
