Tras el inicio de la invasión de Ucrania en 2014, la Federación de Rusia comenzó a utilizar herramientas para imponer la ciudadanía rusa a la población de los territorios ocupados. Las primeras víctimas de esta política fueron los residentes de la Crimea ocupada. La Federación Rusa empezó a considerar automáticamente ciudadanos rusos a todos los que vivían en la península en el momento de su ocupación, a menos que presentaran una solicitud de renuncia a la ciudadanía rusa en el plazo de un mes. El siguiente paso fue la imposición de la ciudadanía rusa en determinadas zonas de las regiones de Donetsk y Luhansk, que, a diferencia de Crimea, adoptó la forma de simplificar la adquisición de la ciudadanía al tiempo que restringía los derechos de las personas que no habían obtenido la ciudadanía rusa. Con el inicio de la invasión a gran escala de los territorios ocupados de las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia, Rusia siguió aplicando este escenario: es posible obtener la ciudadanía rusa mediante un procedimiento simplificado, que implica presentar una solicitud de renuncia a la ciudadanía ucraniana. Al mismo tiempo, las autoridades rusas de ocupación utilizan más activamente que antes la práctica de crear condiciones en las que a los ucranianos les resulta imposible vivir en el territorio ocupado si no disponen de pasaporte ruso.
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